La presente declaración ha sido redactada por algunas y algunos representantes de estudiantes de la Junta de Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, con la inestimable ayuda de las sugerencias de compañeras y compañeros, así como de representantes del profesorado de dicha Junta.
Su propósito es recoger una denuncia colectiva contra la descripción de las Juntas de Facultad y Escuela universitarias aparecida en el documento Estrategia Universidad 2015. La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación e innovación, publicado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo y por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Pretende asimismo ser una firme solicitud dirigida a las autoridades académicas y políticas, en particular a la CRUE, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Ciencia e Innovación, para que se sumen a dicha denuncia y defiendan la dignidad democrática de los máximos órganos de representación de las Facultades y Escuelas de las Universidades públicas del país.Sobre la gobernanza de la universidad y la CRUE: por la dignidad de las Juntas de Facultad y Escuelas universitarias
Las y los abajo firmantes:
Manifestamos nuestra más absoluta indignación por la descripción de los máximos órganos de representación de los centros universitarios aparecida en el documento de trabajo “La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación e innovación” (apartado Decanos y directores de centro. Cambio en el sistema de nombramiento, pp. 30-31), elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo.
Denunciamos, además, que semejante retrato haya sido públicamente respaldado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en su encuentro con dicha fundación y con la Conferencia de Consejos Sociales, con el fin de justificar una reforma legislativa que pretende destruir las condiciones jurídicas sólo bajo las cuales las decisiones en las Facultades y Escuelas pueden tener carácter democrático, entre otras la elección misma de los Presidentes de sus Juntas, a saber: decanos y directores.
Nos parece inaceptable que de ellos se sostenga que «bien por razones de mera rivalidad política, bien por intereses corporativos o de grupo, plantean constante oposición al desarrollo de la misión estratégica elegida» (p. 31), convirtiendo las decisiones soberanas de las Juntas en cuestiones de politiqueo o tomas de postura corporativistas.
Nos parece intolerable que se califique de “farragosos” a “los sistemas de elección internos” y de “burocráticos” a “los procesos de toma de decisión que protagonizan los órganos colegiados de los centros (Juntas de Facultad y Juntas de Escuela)”, y que dichas descalificaciones se utilicen como «razones más que suficientes para minimizar la importancia de semejantes instrumentos» (p. 31). No sabemos qué pensaría la ciudadanía si se hablara del sufragio universal, directo, secreto y libre como “farragoso” o de los sistemas de votaciones en los parlamentos como “burocráticos”, pero desde luego sí sabemos que sólo el farragoso ejercicio del derecho al voto de todo ciudadano y el burocrático ejercicio del derecho a voz de todo representante parlamentario para lograr un consenso permiten a un gobierno llamarse a sí mismo democrático.
Nos parece injustificable que la CRUE haga, refiriéndose a las Juntas, una exhortación a «acabar con los “Reinos de Taifas”» (p. 31), la cual no es sino el llamamiento de una institución privada a eliminar una democracia interna que se niega a ser reducida a «personas de su entera confianza, ejecutores y transmisores de sus ideas en los centros» (p. 31), o lo que es lo mismo, que no permite a dicha institución dar rienda suelta a sus “ansias de califa”.
Nos parece inexcusable y muy significativo que semejantes afirmaciones se hagan en un contexto en el que distintas Juntas de Facultad y de Escuela del Estado español han votado soberanamente contra la implantación en este curso académico 2009-2010 de los nuevos grados, desde la convicción de que una devaluación de los estudios, si impuesta por la legalidad vigente, debe al menos ser postergada el máximo tiempo posible.
Nos parece indefendible que se afirme que «no se pueden atender necesidades y exigencias del siglo XXI desde estructuras administrativas que hunden sus raíces, en el mejor de los casos, en el siglo XIX» (p. 18). Siendo rigurosos, lo cierto es que las hunden en el siglo V a.C., o lo que es lo mismo, desde que las instituciones quisieron dotarse de una forma tal que garantizara su funcionamiento hacia el bien común. Consideramos que, con entera independencia de las “necesidades y exigencias del siglo XXI”, éstas nunca pueden imponer la destrucción de la irrenunciable condición democrática de la universidad pública.
Solicitamos que la CRUE, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia e Innovación y las rectoras y los rectores de nuestras Universidades públicas denuncien públicamente esta difamación.
Solicitamos que todo estudio que haya de realizarse en torno al gobierno de las Universidades sea asignado a instituciones públicas, y bajo ningún concepto a fundaciones privadas como la Fundación Conocimiento y Desarrollo que, movidas por una confesada «clara inspiración empresarial» (p. 33), proponen reformas legislativas encaminadas a hacer de una institución pública como la Universidad un espacio no democrático como el de la empresa.
Invitamos a cuantas Juntas, sociedades académicas, instituciones, asociaciones, plataformas y personas compartan estos puntos de vista a sumarse al presente documento.
Los interesados en adherirse a esta declaración pueden registrar sus datos (nombre y apellidos, vinculación institucional, Facultad/Departamento y Universidad) en el siguiente formulario.